• Tener nacionalidad española o de algunos de los Estados miembros de la Unión Europea o de los Estados parte del Acuerdo sobre Espacio Económico Europeo, sin perjuicio del que dispone los Tratados o Convenios internacionales, a excepción de dispensa legal.
• Ser mayor de edad y no estar incurs en causa de incapacidad.
• Haber obtenido el Título de Licenciado por universidad española, o los Títulos extranjeros que, de acuerdo con la legislación vigente, hayan sido homologados a aquel, así como, los títulos obtenidos en los Estados miembros de la Unión Europea que faculten para el ejercicio en los mismos de la Procura y que hayan sido reconocidos en España en conformidad con las disposiciones vigentes. El Ministerio de Educación es el competente para el reconocimiento de títulos extranjeros.
Hasta el día 31 de octubre de 2013 (periodo transitorio de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales):
1.- Título de licenciado o Grado en Derecho o documento de la Universidad acreditando haber completado los estudios de Derecho y de haber solicitado la expedición del título.
A partir del día 1 de noviembre de 2013:
Título profesional de Procurador de los Tribunales obtenido de acuerdo con el que dispone la Ley 34/2006.
El R.D. Ley 5/2012, de 5 de marzo, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, en su disposición final cuarta, ha modificado los siguientes articulados de la citada Ley 34/2006:
Se modifican el artículo 2 y la disposición transitoria única y se añade dos nuevas disposiciones adicionales, octava y novena, a la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, en los plazos siguientes:
1.- Se modifica el apartado 3 del artículo 2, que queda redactado en los siguientes plazos:
«Los títulos profesionales regulados en esta Ley serán expedidos por el Ministerio de Justicia.»
2.- Se añade una nueva disposición adicional octava, con la siguiente redacción:
«Disposición adicional octava. Licenciados en Derecho.
Los títulos profesionales que se regulan en esta Ley no serán exigibles a quienes obtengan un título de licenciado en Derecho con posterioridad a la entrada en vigor de la misma, siempre que en el plazo máximo de dos años, a contar desde el momento en que se encuentren en condiciones de solicitar la expedición del título oficial de licenciado en Derecho, procedan a col·legiar-se, como exercents o no exercents.»
3.- Se añade una nueva disposición adicional novena, con la siguiente redacción:
«Disposición adicional novena. Títulos extranjeros homologados.
Los títulos profesionales que se regulan en esta Ley no serán exigibles a quienes en el momento de entrada en vigor de la presente Ley hubieran solicitado la homologación de su título extranjero al de licenciado en Derecho, siempre que en el plazo máximo de dos años, a contar desde el momento en que obtengan dicha homologación, procedan a col·legiar-se, como exercents o no exercents.»
4.- Se modifica el apartado 3 de la disposición transitoria única, que queda redactado en los siguientes plazos:
«Quienes en el momento de la entrada en vigor de la presente Ley se encontraran en posesión del título de licenciado o grado en Derecho o en condiciones de solicitar su expedición y no estuvieran comprendidos en el apartado anterior, dispondrán de un plazo máximo de dos años, a contar desde su entrada en vigor, para proceder a col·legiar-se, como exercents o no exercents, sin que los sea exigible la obtención de los títulos profesionales que en la citada Ley se regulan.»
• Haber obtenido el título de Procurador, que será expedido por el Ministerio de Justicia, previa acreditación de los requisitos establecidos al Estatuto General de la Procura, de acuerdo con la Ley.